ADMINISTRADORES Y AVERSIÓN AL RIESGO.

Vamos camino de un año de la aprobación de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, reforma legal que, como la mayoría de las que se producen en nuestro país, se hizo al socaire de los escándalos protagonizados por los gestores de grandes empresas, en su gran mayoría del sector financiero.

Dicha modificación vino a colocar una espada de Damocles sobre los administradores de sociedades que, en muchos casos, aun siéndolo tenían una escasa participación real en la toma de decisiones de las sociedades y, de facto, pasaban a ser un órgano que aprobaba, casi mejor habría que decir que ratificaba, las decisiones que previamente había adoptado el órgano gestor de la Sociedad.

En definitiva la reforma pretendió, entre otras, evitar que determinadas responsabilidades fuesen delegables a los ejecutivos de las empresas y los administradores un mero órgano ratificador huérfano de responsabilidad alguna.

En la actualidad la planificación fiscal de la Sociedad o la política de inversiones, por citar sólo un par de ejemplos, serán responsabilidad de los administradores sin que puedan alegar que la habían delegado en el órgano de gestión de la Sociedad.

Para remarcar más si cabe dicha responsabilidad se establece la obligatoriedad de celebrar consejos de administración trimestrales, como mínimo, para evitar que los consejeros puedan alegar desconocimiento en la marcha de la Sociedad.

En definitiva se busca incrementar la participación de los administradores en la toma de decisiones o al menos en la asunción de responsabilidad sobre las mismas, así como la profesionalización del órgano de administración.

Para evitar desmanes pasados que causaron gran escándalo social, se establece que la retribución de los administradores ha de guardar proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables y, como es obvio, se establece que dicha remuneración ha de ser aprobada por la junta general.

En definitiva los administradores de las sociedades, tanto los que lo son porque así han sido nombrados, como los denominados “administradores en la sombra” que son los que manejan de facto la sociedad pero se ocultan tras un “gestor de paja”, han de tener presente que en el ámbito mercantil la responsabilidad es solidaria al entenderse que todos los administradores son responsables y diligentes.

Por ello es recomendable ejercer el cargo con la máxima cautela y exigir siempre información detallada de la marcha y el estado de la sociedad y, por supuesto, cualquier acuerdo, sus antecedentes y las salvedades que se puedan hacer al mismo han de tener un reflejo fiel en las actas de los consejos.

Capítulo aparte merecería la participación en los consejos de sociedades públicas en los que, en la mayoría de los casos y salvo honrosas excepciones, los administradores habrán de replantearse no sólo su proceder sino la conveniencia de ser miembros de dichos consejos.

Luis Lamas Novo