FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA INSTAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR LA ILEGALIDAD DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES PARA NO RESIDENTES.

 Con fecha 3 de septiembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) español, es contrario al derecho de la Unión Europea dado que establece un tratamiento diferente a los sujetos pasivos del impuesto que no sean residentes en el estado español:

El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE  y 40 del Acuerdo EEE, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste.

 La discriminación deriva a su vez de la configuración del impuesto, lo que a su vez ha dado lugar a una reforma del impuesto a través de la Ley 26/2014, para tratar de paliar estas diferencias de trato entre residentes y no residentes, aunque el alcance de esta norma y la verdadera eliminación de la discriminación es un tema a parte.

 La razón por la que el TJUE considera que el ISD tal y como está configurado discrimina a los no residentes radica en lo siguiente; en España, el ISD es un impuesto estatal cedido a las Comunidades Autónomas que, en aplicación de esta cesión incorporan bonificaciones, reducciones y deducciones que la normativa estatal no contempla. De forma que es más beneficiosa para el contribuyente la normativa autonómica que la estatal. Sin embargo la normativa estatal es aplicable a los sujetos pasivos no residentes en España mientras que a los sujetos pasivos residentes en España se les aplica la normativa de la Comunidad Autónoma correspondiente.

  Aquellos no residentes que hayan venido autoliquidando sus ISD conforme a la normativa estatal y que por tanto han tenido un tratamiento menos benévolo que los residentes en España.

 Las opciones que surgen son las siguientes:

  • Autoliquidaciones no prescritas (plazo general de cuatro años desde que fueron presentadas): Solicitar la rectificación de autoliquidaciones por aplicación de una norma declarada contraria al ordenamiento europeo, opción que será válida para aquellas autoliquidaciones cuyo período de prescripción no haya concluido aún, esto es que aún no hayan transcurrido cuatro años desde su presentación o desde que dicho plazo de prescripción fue interrumpido. Orientativamente podemos establecer que aquellos impuestos devengados a partir de octubre de 2011 podrían instar este procedimiento.
  • Autoliquidaciones prescritas: Habiendo transcurrido más de cuatro años desde que fueron presentadas las autoliquidaciones cabe la opción de solicitar la responsabilidad patrimonial del estado legislador, contando con un plazo de un año a contar desde la fecha de la publicación de la sentencia por la que se declara el ISD contrario al ordenamiento europeo. La sentencia fue publicada en el Boletin Oficial de la UE el 11 de noviembre de 2014, por lo que el plazo para su presentación concluye de forma inmediata.

 Por lo tanto, todos aquellos contribuyentes que hubiesen soportado indebidamente cuotas de ISD superiores a las que le habrían correspondido podrán instar la devolución de dichas cantidades o la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador.

 Si considera que se puede encontrar en esta situación no dude en contactar con nosotros.


Pablo Gallego Manzano