REFORMA DEL BAREMO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

El pasado 1 de enero de 2.016 entró en vigor la Ley 35/2015 de 22 de septiembre por la que se aprueba la reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, popularmente conocido como Baremo de Tráfico. 

Esta reforma supone una modificación sustancial en los principios que rigen el sistema de valoración, de manera que sería imposible de explicar en un breve artículo todos los cambios que dicha Ley incorpora con respecto al régimen anteriormente vigente, por lo que nos centraremos en intentar exponer los puntos esenciales de esta reforma y las cuestiones que los perjudicados por un accidente de tráfico deben de tener en cuenta a la hora de reclamar el resarcimiento de los daños que se les han causado:

1) Importancia de la reclamación extrajudicial a la compañía aseguradora del responsable del siniestro.

Estando vigente la regulación anterior, era frecuente que las reclamaciones a los responsables de un accidente de tráfico y a su aseguradora, se realizaran a través de una denuncia que solía iniciar un procedimiento penal de Juicio de Faltas, en el que el perjudicado podía acceder gratuitamente a un informe médico emitido por el Instituto de Medicina Legal con el que poder basarse para reclamar la indemnización correspondiente.

Sin embargo, la reforma del Código Penal, con la intención de alejar los procedimientos derivados de accidentes de tráfico de la jurisdicción penal, salvo los más graves, ha supuesto la supresión de las faltas, remitiendo a la jurisdicción civil la inmensa mayoría de reclamaciones de este tipo.

Con la finalidad de evitar la excesiva judicialización de las reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico, la Ley 35/2015 modifica el artículo 7 de la LRCSM, imponiendo como requisito previo a la vía judicial que se realice una reclamación extrajudicial previa a la compañía aseguradora del responsable, que deberá de cumplir una serie de requisitos.

En el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, el asegurador deberá realizar alguna de estas actuaciones:
  a) Presentar una Oferta Motivada de Indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño.
  b) Formular Respuesta Motivada en caso de rechazo de la reclamación.

Una vez realizada esta actuación o si transcurrido el plazo la aseguradora no realiza alguna de estas acciones, el perjudicado podrá acudir a la vía judicial en defensa de sus intereses, pero nunca antes, siendo esta reclamación un requisito de procedibilidad, por lo que será muy importante hacer la reclamación cuanto antes, pues las compañías tendrán 3 meses para realizar la oferta o respuesta desde la recepción de la reclamación, no pudiendo acudirse antes a la vía judicial. 


2) Posibilidades de los perjudicados después de la recepción de la Oferta o Respuesta Motivada:

En el caso de que la aseguradora formule respuesta motivada, que deberá de reunir una serie de requisitos dependiendo de la fundamentación de la misma, y el perjudicado está disconforme con dicha respuesta, podrá acudir a la acción judicial o a la mediación.

En el caso de que la aseguradora realice su oferta motivada, que deberá de estar basada en un Informe Médico Definitivo en caso de lesiones personales, y cumplir una serie de requisitos, caben varias actuaciones por parte del perjudicado:
I. Aceptar la oferta. En dicho caso la compañía deberá de pagar o consignar la cantidad ofrecida en el plazo de 5 días desde la aceptación.
II. Rechazar la oferta. En dicho caso la compañía tiene que pagar o consignar igualmente la cantidad ofrecida en 5 días, pero se abren las siguientes posibilidades para el perjudicado:
  a) Acudir a la Mediación.
  b) Ejercitar la Acción Civil en el juzgado correspondiente.
  c) Solicitar Informes Periciales complementarios previos a la mediación o acción civil. Caben varias opciones en este caso:
   1. Solicitud de mutuo acuerdo. La compañía aseguradora y el perjudicado pueden solicitar un informe complementario al Instituto de Medicina Legal o a un Perito Particular, todo ello sufragado a costa de la aseguradora.
   2. Solicitud por el perjudicado, sin acuerdo con la aseguradora. El perjudicado podrá solicitar un Informe complementario al IMELGA, que se elaborará con cargo a la aseguradora, o de un perito particular corriendo en este caso el perjudicado con su coste.


3) Indemnizaciones por causa de Muerte.

La Ley contiene una serie de indemnizaciones con la finalidad de intentar resarcir los menoscabos materiales y morales directos producidos por el fallecimiento de la víctima por un accidente de tráfico a las personas contempladas en la misma.
El sistema parte del criterio del parentesco, si bien con la inclusión de la categoría novedosa del allegado (persona conviviente y con relación afectiva con la víctima) a modo de excepción de dicha regla.

La ley resarce a los perjudicados aun cuando concurran con otros perjudicados, sin que se establezca un orden de preferencia entre ellos, de manera que la procedencia de indemnización a los hijos del fallecido no excluye el derecho de los hermanos de la víctima a reclamar, por ejemplo.

Así mismo , cabe destacar la inclusión de la categoría de perjudicado funcional o por analogía, categoría que incluye a aquellas personas que, de hecho y de manera continuada ejercen las funciones que por incumplimiento o inexistencia no ejerce la persona perteneciente a una categoría concreta o que asumen su posición ( por ejemplo, la persona que sin tener relación de parentesco con la víctima, venía ejerciendo las funciones de padre con la misma, tendrá derecho a reclamar la indemnización que le correspondiera si fuera el padre, aunque habrá que acreditarlo).

Por otra parte, la condición de perjudicado se puede perder cuando no exista perjuicio real y efectivo que se sufra. De esta manera, un perjudicado puede dejar de serlo cuando concurran circunstancias que indiquen desafección familiar o inexistencia de relación personal con la víctima.

La Ley establece como perjudicados a las siguientes personas:
  a) Cónyuge viudo o pareja de hecho.
  b) Ascendientes.
  c) Descendientes.
  d) Hermanos.
  e) Allegados.

Así mismo, se establece tres categorías diferentes de perjuicios:
  I. Perjuicios Personales Básicos: Se establecen unas indemnizaciones determinadas por el hecho de pertenecer a una categoría u otra de perjudicado, que varían en función de diversos factores, fundamentalmente relacionados con la edad de la víctima, de la edad del perjudicado y del tiempo de convivencia entre ellos.
  II. Perjuicios Personales Particulares: Por medio de esta categoría, se contemplan una serie de indemnizaciones, que incrementan la indemnización por perjuicio personal básico, si concurren unas circunstancias determinadas que agraven la situación de los perjudicados anteriores.
  III. Perjuicio Patrimonial: Se indemniza el daño emergente y lucro cesante producido al perjudicado como consecuencia de la muerte de la víctima, con base a unas tablas contenidas en la Ley.

Se entienden como perjudicados, con carácter general, los siguientes:
  a) Cónyuge.
  b) Hijos menores de edad.
  c) Hijos hasta 30 Años, salvo prueba en contrario.
  d) Perjudicados de las anteriores categorías que acrediten ser dependientes económicamente de la víctima.
  e) Ex – cónyuges con derecho a percibir de la víctima una pensión compensatoria.

Como consecuencia de esta reforma se eleva hasta en un 50 % de media la cuantía de las indemnizaciones a percibir en caso de fallecimiento de la víctima por accidente de tráfico.

4) Indemnizaciones por Secuelas. Aumento sustancial de las indemnizaciones a los grandes lesionados.

La cuantía de las indemnizaciones por secuelas derivadas de accidentes de tráfico se incrementa en un 35 % de media, pero en el caso de grandes lesionados se puede llegar a doblar e incluso triplicar la cuantía en relación con el régimen anteriormente vigente.

El baremo incorpora la cobertura de gastos como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.

El nuevo sistema también afecta a la sanidad pública porque estos gastos anteriormente reseñados serán pagados por las compañías aseguradoras directamente a los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas, de manera que los lesionados deberán acudir a los mismos para ser atendidos con cargo a la compañía responsable.

Como novedad también, excepcionalmente, los familiares de víctimas fallecidas o de grandes lesionados tienen derecho al resarcimiento durante un máximo de 6 meses de los gastos de tratamiento médico y psicológico que precisen debidos a las alteraciones psíquicas que les haya causado el accidente.

Así mismo, en relación al resarcimiento en concepto de lucro cesante, también se valora el trabajo no remunerado, como tareas del hogar, o la pérdida futura de trabajo de menores y estudiantes, que todavía no han accedido al mercado laboral.


5) Consecuencia Principal de la reforma: Elevación Media de las Indemnizaciones. Necesidad de revisar las sumas aseguradas de las pólizas de Responsabilidad Civil.

Esta reforma produce como resultado que se produzca una elevación media de las indemnizaciones por fallecimiento en un aproximadamente un 50 % y de las indemnizaciones por lesiones permanentes (secuelas) en un 35 % pudiendo en el caso de grandes lesionados doblar o incluso triplicar las indemnizaciones con respecto a la regulación interior.

No puede obviarse el hecho de que, si bien el Baremo de Tráfico está especialmente diseñado para la cuantificación de las indemnizaciones derivadas de accidentes de la circulación, es aplicado analógicamente por los juzgados para otro tipo de supuestos de los que se derivan indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil en los que se producen daños personales.

Es por ello por lo que devendrá de una especial importancia el revisado de los capitales de las pólizas de seguro de responsabilidad civil, pues existe el grave riesgo de que con el nuevo sistema indemnizatorio los límites contratados no lleguen a cubrir la suma indemnizatoria que puede suponer el acaecimiento de un accidente con consecuencias de muerte o de grandes lesionados, debiendo en dicho caso abonar el resto de la indemnización el responsable del siniestro con cargo a su patrimonio personal. 

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Desde este despacho nos ponemos a su entera disposición para cualquier cuestión que pudiera suscitarse derivada de las consecuencias de esta reforma así como para el asesoramiento en relación con la aplicación de esta normativa en defensa de sus intereses.


Jesús Ángel Rodríguez Ferreiro